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el 17 Nov, 20:20

Comunicados de la Fundación Rumbos y REDI acerca de proyectos de ley sobre veredas

Comunicados de la Fundación Rumbos y REDI acerca de proyectos de ley sobre veredas
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Hola a todos,
Adjunto
  • el comunicado de Rumbos REDI y
  • un documento más extenso con nuestros fundamentos.
Toda difusión que pueda darse a ambos, es bienvenida.
 
Saludos
María Rodríguez Romero
Fundación Rumbos


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Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017.

Desde Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) advertimos que el proyecto sobre veredas que el Gobierno de la Ciudad presentó en Legislatura, logrando despacho favorable con el voto exclusivo de los legisladores del Pro, no responde a las necesidades reales de los peatones, en particular de las personas con movilidad reducida.

Dicho proyecto, surgió como réplica al elevado por los legisladores Ramal, Marrone y Camps junto a Rumbos y REDI, y que cuenta con el respaldo de 13 organizaciones de la sociedad civil. El proyecto oficial perpetúa las desfavorables condiciones para los peatones, insistiendo en la responsabilidad primaria del frentista en la construcción, mantenimiento y reparación de veredas, a pesar de que él no es el principal causante de las roturas. Además, al ignorar la Convención de Personas con Discapacidad y la Ley de Comunas, el proyecto del gobierno excluye a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y a las Comunas, con sus organismos de participación ciudadana, de tareas de relevamiento y control, necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad para todos los peatones.

Advertimos que la votación favorable de la ley del ejecutivo no garantizará veredas accesibles y seguras. Sólo garantizará una interminable gestión de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que el Gobierno designe.

Reclamamos que el proyecto del ejecutivo vuelva a debate en Comisión y sea tratado en conjunto con el proyecto presentado por Rumbos y REDI.

Contacto: María Rodríguez Romero – Tel. 113647-0190 – mariarr@rumbos.org.ar


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Buenos Aires – 17 de noviembre de 2017

 

Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) cuestionamos el proyecto de ley oficialista sobre veredas y vados.

 

Después de 10 años de gestión en la ciudad, celebramos que por primera vez se esté dando tratamiento en Legislatura a la problemática del estado de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires.

Impulsados por Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) los legisladores Ramal, Marrone y Camps presentaron el 20/9/17, el Proyecto de ley 2643D2017 “DECLARASE LA EMERGENCIA EN LA CONSERVACION DE VEREDAS Y VADOS”, con el objetivo de garantizar el tránsito seguro y la accesibilidad para todos los peatones, especialmente para quienes tienen movilidad reducida (personas con discapacidad y adultos mayores) en veredas y cruces peatonales.

Este proyecto, avalado por la sociedad civil, propone un Plan Integral de Reparación y Mantenimiento de Veredas que, para las etapas de diseño y planificación, incorpora a organizaciones de personas con discapacidad, y en la etapa de control a las Comunas y sus respectivas entidades vecinales. También fija criterios de accesibilidad y seguridad necesarios, tanto en el diseño de los cruces peatonales como en el de sendas alternativas cuando la vereda es intransitable.

Cuarenta días después de presentado el proyecto de “EMERGENCIA”, el 31/10/17 el ejecutivo presentó dos proyectos con la misma temática: 2954J2017 “CRÉASE UN NUEVO RÉGIMEN PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PERMISOS DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA PÚBLICA” y 2955J2017 “REGÚLASE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y/O ACERAS”.

Sobre el proyecto del ejecutivo queremos destacar un error conceptual: Se insiste en la responsabilidad primaria del frentista en la construcción, mantenimiento y reparación de la vereda a pesar de que él no es el principal causante de las roturas. 

En su exposición presupuestaria ante la Legislatura Porteña del 13/11/17 el Ministro Macchiavelli reconoció que un 64% de las roturas de las veredas son generadas por empresas de servicios. Si sumamos el 12% de las roturas causadas por raíces de árboles, resulta que en el 76% de los casos el frentista no tiene responsabilidad alguna. Además, el Ministro aclaró que su área está autorizando 800 aperturas diarias en veredas de aquí a fin de año y a lo largo del 2018. Esto equivale a 228.800 aperturas, resultando en una apertura cada dos frentistas, y un promedio de 5 aperturas por cuadra en toda la ciudad. En este contexto, insistir en la responsabilidad primaria del frentista es un sinsentido.

A su vez, el proyecto del GCABA, reproduce la tendencia de la gestión actual de hacer recaer en los vecinos una pesada carga económica, expresada en este caso por la erogación que implica la construcción de una vereda. Y esta carga representa una doble imposición dado que los vecinos ya pagan su ABL que se destina al cuidado del espacio público. Además, el proyecto pretende eximir al Gobierno de su responsabilidad solidaria en casos judicializados de caídas en la vía pública, y que ésta recaiga con toda su fuerza sobre el frentista. En un contexto de altos incrementos en los servicios e impuestos y de despidos y bajas salariales previstas desde las políticas económicas del gobierno nacional, se trata de una imposición ciertamente incumplible.

El frentista no es propietario de la vereda. Tampoco lo es de la calle, ni del resto del espacio público. Hay un problema estructural, en el cual el entramado de itinerarios peatonales de la vía pública se entrelaza con las múltiples y cambiantes redes de infraestructura subterránea y aérea, presentándose situaciones de alta complejidad. Delegar en los vecinos la obligación de construcción y mantenimiento de la superficie de vereda, disociándola del complejo espacio público en el que se encuentra inserta, no hace más que dar continuidad a la grave crisis actual.  El conjunto de los frentistas no puede garantizar la continuidad de la vereda – a saber, 100 mts. lineales sin desniveles ni pendientes pronunciadas – indispensable para generar itinerarios peatonales seguros y accesibles. Por tanto, no corresponde responsabilizarlos por la seguridad de los peatones. Es imprescindible una política pública en la que el Gobierno asuma la responsabilidad global del control, reparación y construcción de las veredas porteñas.

En este sentido, sería saludable que el Gobierno reconociera que estamos ante una Emergencia Sanitaria de dimensiones epidemiológicas. Según un estudio del Hospital Italiano sobre caídas de adultos mayores, 3 de cada 4 se caen en la vía pública y 7 de cada 10 de ellos por tropezar. En otras ciudades importantes del mundo, esta población suele caerse en sus hogares y no en la vía pública. Pero no son solo los adultos mayores quienes sufren a diario el desastroso estado de las veredas. Lo sufren también las madres con cochecitos de bebé, las personas usuarias de sillas de ruedas, scooters, o con dificultades al caminar, así como las personas con baja visión. Sin embargo, el proyecto presentado por el ejecutivo ni se molesta en dimensionar el riesgo que implican veredas rotas para los peatones.

Otro grave error del proyecto oficial consiste en omitir la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad para garantizar que las obras se hagan de acuerdo a sus necesidades.  Esta participación es obligatoria según los artículos 4.3 y 33.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional según la ley nacional 26.378. Dicha omisión perpetúa los errores de diseño y construcción propios de quienes, aun siendo profesionales y aun creyendo aplicar correctamente las normas, no están compenetrados de la problemática de los espacios urbanos y edilicios respecto de las personas con discapacidad. La inclusión de COPIDIS, como organismo gubernamental, no reemplaza el rol de las organizaciones (no gubernamentales) de personas con discapacidad. Por ello, no resulta arbitrario el mandato de la Convención.

El actual estado de las veredas y vados pone en relieve la falta de control del Estado en la idoneidad de las empresas constructoras, en la calidad de las obras realizadas, y en el respeto por la ley 962 de accesibilidad.  El proyecto presentado por Fundación Rumbos y REDI a través de los legisladores mencionados, y avalada por 13 organizaciones de la sociedad civil, también propone la participación de las Comunas con sus organismos de participación ciudadana, en tareas de relevamiento y control, necesarias para garantizar la seguridad y la accesibilidad para todos los peatones. Esta participación es obligatoria por la Ley de Comunas, pero ha sido desdeñada por el ejecutivo.

Entendemos que el proyecto oficial no garantizará veredas accesibles y seguras. Sólo garantizará una interminable gestión de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que  el Gobierno designe, tal como viene sucediendo a lo largo de los últimos 10 años. Sólo que de aprobarse el proyecto oficial, los frentistas se convertirían en clientes cautivos de estos contratistas.

Una ciudad con veredas inseguras e inaccesibles, no es moderna, inclusiva ni amigable. Por el contrario, perjudica en gran medida la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, especialmente de la población más vulnerable. La perjudica física, psíquica y socialmente, debido al prolongado aislamiento, a menudo irreversible, a que se someten dichas personas posteriormente a un accidente. No tomar el ejemplo de las ciudades con mejor peatonalidad en el mundo civilizado va a contramano de las iniciativas pretendidamente de excelencia  que postula el Gobierno de la Ciudad.

Podemos concluir que de aprobarse el proyecto del ejecutivo, los frentistas se verán perjudicados económicamente y los peatones seguirán sufriendo veredas y vados mal diseñados y construidos. Por ello, rechazamos de plano dicho proyecto e insistimos en que sea tratado el proyecto presentado en nuestro nombre, Nro. 2643D2017 y titulado “DECLARASE LA EMERGENCIA EN LA CONSERVACION DE VEREDAS Y VADOS”.

Contacto: María Rodríguez Romero – Tel. 113647-0190 – mariarr@rumbos.org.ar


 

el 17 Nov, 13:16

La designación del Defensor del Pueblo a espaldas de la ciudadanía viola los principios de Gobierno Abierto

La designación del Defensor del Pueblo a espaldas de la ciudadanía viola los principios de Gobierno Abierto
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Fuente: (clic)
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Nota-a-Senadora-Varela-por-Defensor-del-Pueblo.pdf


La designación del Defensor del Pueblo a espaldas de la ciudadanía viola los principios de Gobierno Abierto

Organizaciones miembro de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto denuncian que el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo viola los compromisos asumidos por Argentina en  Alianza para el Gobierno Abierto y solicitan al Congreso de la Nación que ponga en marcha un proceso transparente y participativo que permita evaluar los antecedentes y méritos de los candidatos propuestos.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, en su carácter de miembros de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (integrada por ocho representantes del Gobierno Nacional y de organizaciones de la sociedad civil), enviaron una nota a la Presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, Senadora Marta Varela, a los fines de informarle de los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y para transmitirle su preocupación porque el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Nación desconoce principios fundamentales a los que el Gobierno Argentino suscribió al adherir a dicha plataforma global.

Durante los días 21 y 22 de noviembre próximo, nuestro país será anfitrión de la Cumbre Regional de las Américas de la Alianza. La AGA es una iniciativa multilateral integrada por 73 países que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la buena gobernanza. Como miembro de la Alianza, nuestro país adhirió a la Declaración de Gobierno Abierto y en consecuencia se comprometió, entre otras cosas, a “hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales”.

Las organizaciones advierten que un hecho de semejante envergadura para la protección de los derechos de los ciudadanos como la selección del Defensor del Pueblo, no puede llevarse adelante mediante un proceso que desconoce los más elementales principios de transparencia y participación de la ciudadanía, en contradicción con el espíritu mismo de la política de Gobierno Abierto.

En la carta destacan los requisitos que la Constitución y los estándares internacionales exigen que cumpla el Defensor del Pueblo y la necesidad de que un proceso participativo, abierto y transparente permita evaluar los antecedentes y méritos de los candidatos. Sin embargo, los reclamos que decenas de organizaciones vienen haciendo desde hace años[1]no fueron atendidos y la Comisión decidió elevar una terna de candidatos al Congreso de la Nación sin ningún proceso de consulta previa a la ciudadanía, sin explicitar los motivos de la selección ni valorar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, trayectoria e independencia por parte de dichos candidatos.

Por esos motivos, solicitaron a la Sra Presidente de la Comisión Bicameral que deje sin efecto las medidas adoptadas en el marco del proceso para la designación del Defensor del Pueblo, y ponga en marcha un mecanismo que cumpla con los estándares internacionales en la materia y que honre los compromisos asumidos por nuestro país como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Ver nota completa acá

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Fundación Directorio Legislativo

Poder Ciudadano

1 http://acij.org.ar/55-organizaciones-piden-al-congreso-por-la-designacion-del-defensor-del-pueblo/

http://poderciudadano.org/aportes-para-la-regulacion-del-proceso-de-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/


 

el 17 Nov, 11:54

Boca Juniors planea un shopping, al que los vecinos se oponen.

Boca Juniors planea un shopping, al que los vecinos se oponen.
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Fuente: (clic)
http://m.lapoliticaonline.com/nota/109553-angelici-le-pide-a-la-justicia-vallar-un-terreno-que-esta-en-litigio/

CIUDAD14.11.2017(1)
Angelici le pide a la Justicia vallar un terreno que está en litigio
LPOEs el predio donde Boca planea construir un estadio shopping. Los vecinos habían logrado frenar la obra.

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DyN

 Daniel Angelici le pidió autorización a la justicia para cercar un terreno que está en litigio y donde el Club Atlético Boca Juniors planea construir un shopping. “Rechazamos el pedido de Boca porque es parte de una consolidación de hecho. La justicia detectó que hay falencias en la transferencia y desde el club siguen avanzando en ejercer facultades que son de un propietario”, se quejó Jonatan Baldiviezo, abogado de los vecinos.

En mayo de este año LPO había adelantado que la Justicia estaba cerca de trabarle un negocio millonario al club de la ribera.

En junio pasado el juez en Contencioso Administrativo porteño Guillermo Scheibler había ordenado frenar cualquier tipo de obra sobre los terrenos linderos a Casa Amarilla. Con problemas por la cantidad de público que pude ingresar a la Bombonera, a principios de 2016 Angelici se quedó con una licitación hecha a medida para Boca para construir un megaestadio con restaturantes y negocios de ropa.

Ahora el “Tano” acudió a la justicia para poder vallar el perímetro, según informó Sur Capitalino.

Ante un reclamo de vecinos del barrio, Scheibler dispuso “ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el trámite de aprobación de los planos que hubiese presentado el Club Atlético Boca Juniors para el estadio shopping, en caso de que ya se hubiesen aprobado”, según se desprende de su fallo de junio pasado.

Además Scheibler exigió que el gobierno disponga “la paralización absoluta de cualquier tipo de tarea de ejecución de dicho proyecto”. Por eso desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Baldiviezo objeta la maniobra.

“La justicia quiso conservar el estado de los terrenos previo a que lo comprara Boca Juniors. Sin embargo Boca le pide la autorización al juez diciendo que el vallado no está alcanzado por la medida. Pero si fuera así no tendrían por qué pedir permiso”, explicó el abogado.

“Boca dice que el vallado no es parte de la obra más allá de que lo llaman tarea preliminar. Dice que el vallado mejoraría la seguridad para terceros”, agregó Baldiviezo y destacó que “los vecinos siguen usando los terrenos para esparcimiento como siempre lo hicieron”, destacó.

Según argumentan los vecinos, la licitación que terminó favoreciendo a Boca fue ilegal, pues nunca pasó por la Legislatura para que el parlamento porteño autorizara su venta. Esos problemas desembocaron en una cruenta batalla.

Mientras el Consejo Consultivo de la Comuna 4 trataba un pedido de rechazo a la venta del terreno, una patota atacó a cuchillazos a militantes kirchneristas que se oponían al proyecto del estadio shopping. Entre los heridos se encontraba el hermano del senador nacional Juan Manuel Abal Medina.

el 17 Nov, 11:23

Colegiales Verde (Carta de Lectores La Nación)

Colegiales Verde (Carta de Lectores La Nación)
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De los lectores: cartas & mails

Escuelas sin alumnos; Un país viable; Compra de aviones; Colegiales verde; Estética y arrogancia

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017


Colegiales verde

El playón ferroviario de la estación Colegiales tiene casi siete hectáreas. Va a ser vendido próximamente, según lo establecido en la ley votada en segunda lectura el 28 de septiembre en la Legislatura porteña, con los votos del interbloque Vamos Juntos (Pro-Coalición Cívica-Confianza Pública) y el unibloque del Frente Renovador. Esto a pesar del proyecto vecinal contrario -el 3810-P-2016-, que obraba en dicha Legislatura desde noviembre de 2016 y que reflejaba lo que queríamos los vecinos: un gran espacio verde y gratuito. Según esta ley (5875, ya publicada en el Boletín Oficial de la CABA), se podrán construir 80000 metros cuadrados (un buen número de edificios de ocho o nueve pisos) y locales comerciales, en un barrio donde sobran edificios y falta verde. Los vecinos agrupados en Colegiales Participa y Decide y el Consejo Consultivo de la comuna 13 queremos que esas siete hectáreas se transformen en un parque. Ya se han juntado miles de firmas en apoyo a un parque cultural estación Colegiales y tenemos una página de Facebook con ese nombre. Estos terrenos ferroviarios son de los pocos vacantes que aún quedan y son oportunidades únicas para crear los pulmones verdes que faltan en la ciudad. Especialmente en Colegiales, que cuenta sólo con 0,7 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 10. Por eso hemos iniciado una campaña: “Colegiales se pone verde”, invitando a los vecinos a colgar una cinta verde en locales, casas, vía pública, en adhesión al parque. Por último rechazamos el concurso nacional de ideas que está llevando a cabo la Sociedad Central de Arquitectos, que no tiene en cuenta lo expresado por la ciudadanía en la audiencia pública del 12 de septiembre y es contrario a una mejor calidad de vida.

Adriana Fernández

DNI 12.563.396


 

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