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el 9 Abr, 12:45

Macri está haciendo desaparecer La Boca

Macri está haciendo desaparecer La Boca
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Su carrera política comenzó en La Boca y terminará liquidando al barrio

El barrio de La Boca fue hasta la asunción del gobierno amarillo uno de los más emblemáticos de la historia política, económica y cultural de la ciudad de Buenos Aires. En 1871 tenía ya la misma fisonomía que conocimos hasta la primera década del segundo milenio: un barrio muy popular con sus contradicciones de pobreza, viviendas obreras, bellos edificios históricos, inseguridad, cantinas italianas y el teatro Caminito, esa colorida fisonomía que aprendieron a valorar turistas y locales. Allí nació el primer cuartel de bomberos voluntarios del país, en 1884, para atender los frecuentes incendios de los conventillos; los dos clubes de fútbol más grandes de la Argentina fueron fundados por sus habitantes (River Plate y Boca Juniors). Desde allí se elevó a Alfredo Palacios como primer diputado socialista de América Latina en 1904. En 1907 fue epicentro de la larga “Huelga de las Escobas”, llamada así porque las mujeres y los niños portaban una escoba “para barrer la injusticia” de los alquileres de los conventillos. Aquel movimiento popular fue modelo de las luchas de la clase obrera contra el mercado inmobiliario que culminó en la creación de una Corporación de Propietarios y Arrendatarios a la que se le sumaron muchos anarquistas luego encarcelados o deportados. Hasta los años ’90 del siglo pasado se recomendaba en cualquier guía como el paradigma de un hábitat genuino muy difícil de encontrar en otras partes del mundo, por su diversidad social y cultural, por su historia viva, por esa rara belleza labrada por sus habitantes.

Todo esto está siendo arrasado por la especulación inmobiliaria en detrimento de los pobladores genuinos del barrio que sufren la amenaza con la que convive quien no nace en la abundancia: ser expulsado por la riqueza especulativa hacia ninguna parte.

La historia reciente

Durante la década del ’70 sufrió distintas políticas que afectaron el carácter industrial de algunas de sus zonas, dando inicio a un proceso de deterioro de las condiciones sociales y económicas de las familias del barrio. Un nuevo código de planeamiento restringió la instalación de actividades industriales y, simultáneamente, se promovió la creación de parques industriales en el área del Gran Buenos Aires. En 2006 la Legislatura de la Ciudad reconoció la grave crisis causada por estas políticas y sancionó la Ley N° 2.240 que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas. A cien años de la Huelga de las Escobas, los habitantes de La Boca, haciendo honor a su historia, siguen luchando por el derecho a la vivienda adecuada y a un hábitat digno. Han impulsado y conquistado dos leyes de vanguardia a nivel nacional en materia de política habitacional y urbana.

Una de ellas es la Ley N° 341/2000, actualmente vigente, que creó el Programa de Autogestión para la Vivienda. Se trata de un programa de otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria a familias individuales u organizadas colectivamente en cooperativas, asociaciones civiles o mutuales (operatoria colectiva para organizaciones sociales). La ley fue impulsada por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Mutual de Desalojados de La Boca y el comedor Los Pibes. Desde que asumió la gestión del PRO en la ciudad se frenó la operatoria colectiva y no se otorgaron nuevos créditos para la compra de terrenos.

La otra es la Ley N° 2.240, que reniega de la construcción de grandes complejos habitacionales. En su lugar propone la adquisición por parte del Gobierno de la Ciudad (por expropiación o compra) de los abundantes inmuebles ociosos existentes para construir en ellos pequeños edificios diseminados por todo el barrio e integrados a la trama urbana. Y propone que los grandes predios libres sean destinados a crear nuevos parques públicos. Por ejemplo, ese es el destino que establece la ley para los predios de la ciudad conocidos como Casa Amarilla. Una de las primeras medidas del por entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fue disolver la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental de La Boca y, en consecuencia, frenar cada uno de los mandatos y derechos establecidos por esta ley.

La gestión del PRO paralizó las dos leyes que establecían políticas populares de acceso a una vivienda y que estaban orientadas a garantizar que los habitantes de La Boca alcanzasen una solución habitacional sin resultar expulsados a otros territorios.

Cartografía del despojo

El gobierno macrista, perteneciente a la clase empresarial inmobiliaria, tuvo otros planes para el barrio desde el inicio de su gestión. Eran, como siempre, negocios para los amigos disfrazados de políticas públicas. En el contexto del capitalismo financiero del nuevo milenio, los gobiernos de Macri-Rodríguez Larreta y sus adláteres como Riva, Angelici, Elsztain o Nicky Caputo adoptaron decisiones para fortalecer los negocios inmobiliarios y favorecer la expulsión de las familias del barrio. El valor cultural y ambiental subvertido en un recurso para aumentar la rentabilidad del capital inmobiliario. Estas fueron las medidas:

  1. Creación del Distrito de las Artes:

La Ley N° 4.353/12 crea un territorio libre de impuestos (paraíso fiscal) para las actividades relacionadas con las Artes Visuales, Musicales, Literarias y Escénicas. Se otorga exención del Impuesto a los Ingresos Brutos y del ABL por 10 años, del Impuesto de Sellos y del pago del Derecho de Delineación y Construcciones. La Ley fue aprobada sin respetar el procedimiento de doble lectura y la convocatoria a audiencia pública que exige la Constitución de la Ciudad. Al poco tiempo de aprobada se conoció el mega proyecto inmobiliario que transformó el antiguo edificio de Alpargatas en un lujoso edificio de lofts y estudios de diseño llamado “Molina Ciudad”. El fideicomiso Oficinas Caminito, que Macri incluyó en su declaración jurada de bienes, lo adquirió en 2011 y remodeló la ex fábrica Alpargatas. Además el Ministerio de Seguridad porteño decidió alquilar, en Molina Ciudad, cuatro lofts de 200 m2 cada uno para instalar oficinas de la Subsecretaría de Administración de Seguridad. Un informe de la Auditoría  de la Ciudad indicó que el Distrito de las Artes no benefició a demasiados artistas ni creó empleos en el sur, sino que estuvo más cerca de ser un negocio del banco Santander Río.

Desde que se conformó por ley el Distrito de las Artes, el GCBA avanza como una gran telaraña con grandes obras de supuesta renovación urbana en La Boca, con la finalidad de acelerar el flujo de inversiones, el incremento del valor del suelo y, en consecuencia, la gentrificación de la población originaria, un anglicismo que refiere al desplazamiento de población pauperizada por otra de alto poder adquisitivo. Estas obras comprenden desde la recuperación de zonas degradadas y subutilizadas en torno a la Usina de las Artes, el bajo autopista y el Dique 0, hasta obras más puntuales como la nivelación de la calle Necochea. En 2015 se conformó un consorcio de propietarios e inversores del Distrito de las Artes como una asociación civil que presiona constantemente al gobierno porteño para que el lanzamiento político sea acompañado con políticas concretas para solucionar temas como el de los ocupas, drogas e inseguridad y, por otro lado, para que se elabore un plan de desarrollo urbano. Un informe de la Auditoria General de la Ciudad deja en claro las intenciones al señalar qué partes de la ley se cumplen y cuáles no. Así expresa que el GCBA no ha realizado acción alguna para atender la situación de vulnerabilidad social relevando la necesidad de soluciones habitacionales y para facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes. La Renovación Urbana sin medidas de protección de las familias más pobres es igual a una política expulsiva para generar más renta y plusvalía urbana para los empresarios inmobiliarios. Un Distrito creado para negocios inmobiliarios concretos y para organizar a un sector de empresarios que demanden la expulsión de los habitantes de La Boca, “responsables” de la falta de inversión, de la inseguridad y del freno al aumento del valor de las propiedades.

  1. Creación del Polo de Desarrollo Urbano en la Isla Demarchi:

El 9 de Marzo de 2017, el presidente Macri creó la estructura legal para un nuevo negocio inmobiliario con la privatización de tierra pública del Estado Nacional, al dictar el Decreto 153/2017 que dejó sin efecto el destino de Polo Industrial Audiovisual de la Isla Demarchi  y estableció que allí se construirá un Polo de Desarrollo Urbano. Se creó Nuevos Aires del Sur S.A. a la cual se autorizó la venta de los predios de la Isla Demarchi, sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional, el único con competencia para vender y disponer de tierras nacionales.

Con el Polo de Desarrollo Urbano se pretende expandir Puerto Madero hacia el Sur para llegar a la Ribera del Riachuelo. En una de las primeras versiones del borrador del proyecto de nuevo Código Urbanístico, que se está discutiendo en la ciudad, la Isla Demarchi y los terrenos aledaños estaban destinados a la construcción de altas torres de perímetro libre, es decir, un barrio de edificios al estilo Puerto Madero. Para no explicitar futuros negocios con la tierra pública o para no adelantar costos políticos, en versiones posteriores decidieron mostrar que no se modificaba la normativa urbanística de estos predios. La sociedad anónima dueña ahora de la Isla Demarchi va a funcionar como la Corporación Antiguo Puerto Madero, que también es una sociedad anónima y fue la encargada de la urbanización y venta de las tierras estatales que conformaron Puerto Madero.

  1. La Urbanización y venta de los predios conocidos como Catalinas Sur 2:

El 7 de agosto de 2017, una semana antes de las PASO, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de ley (Expte. 2237-J-2017) para habilitar la construcción de un emprendimiento inmobiliario de gran envergadura en los terrenos que se nombran como “Catalinas Sur 2 “. Este proyecto fue aprobado como Ley N° 5.912 y nace de un convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el GCBA. La AABE se obligó a vender los predios en un plazo máximo de 24 meses, sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional. El GCBA se obligó a autorizar la capacidad constructiva para la realización del proyecto inmobiliario. La ley autorizó la construcción de 150.000 m2 distribuidos en edificios de perímetro libre con una altura de 75 m sobre la Avenida Brasil y colectora de Autopista (25 pisos) y de 60 metros sobre las calles Gualeguay y Caboto (20 pisos).

Este proyecto debería haber surgido del Plan elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio de La Boca de acuerdo a la  Ley 2.240 que PRO ignoró. El proyecto también forma parte de la intención del GCBA de extender Puerto Madero hacia la ribera del Riachuelo, en este caso, desde el norte de La Boca. Los vecinos presentaron el proyecto de ley N° 1.250-P-2017 para crear la Unidad Ambiental, Deportiva, Cultural y de Gestión Catalinas Sur, es decir, transformar estos predios en un gran parque público. Pero su proyecto fue descartado para avanzar con el emprendimiento inmobiliario. La Ley N° 5.912 constituye una mutilación de la identidad y posibilidades urbanas del barrio en aras de garantizar altas rentabilidades inmobiliarias.

  1. El negocio de Angelici, la venta de los predios de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors:

Los terrenos conocidos como Casa Amarilla fueron comprados en 1981 al Estado Nacional para mitigar el déficit habitacional en La Boca. El 11 de abril de 2005 comienza la inscripción para el Programa Habitacional Casa Amarilla. En un principio se deciden hacer 1.231 viviendas. Este programa quedó paralizado. En el marco de una acción judicial presentada por la Asociación Civil Casa Amarilla, el GCBA llegó a un acuerdo con dicha Asociación. La cantidad de viviendas a construir bajó de 1.231 a 438 viviendas, liberando de esta forma varias manzanas. A cambio, el GCBA delegó sus facultades a la Asociación y le otorgó el poder de designar a las familias que serían las adjudicatarias de las viviendas.

 

En 2010 las manzanas liberadas fueron transferidas al Poder Ejecutivo por el Instituto de la Vivienda (IVC), propietario de las tierras. Mediante el decreto N° 723/2010, el Poder Ejecutivo las transfirió a su vez a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Los terrenos de Casa Amarilla eran codiciados por el Club Boca Juniors desde 2008, con la intención de construir un nuevo Estadio-Shopping. Como hubo una fuerte oposición, se decidió fragmentar la estrategia.

Por un lado, Oscar Moscariello (Vicepresidente de Boca y diputado de la Ciudad por el PRO), presentó el Proyecto de Ley N° 2462-D-2014 para rezonificar estos terrenos como “Distrito de Zonificación E4 56 -Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors”.

Por el otro, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. llamó a Licitación Pública para la venta de estas tierras a raíz de una iniciativa privada del Club Atlético Boca Juniors. La Licitación fue camuflada a través del engaño de la construcción de bibliotecas, clubes sociales y culturales, salones de juegos, gimnasio. En ningún momento se habla de construir allí un Estadio, sin embargo es lo que el presidente del Club, Daniel Angelici, ha promocionado en reiteradas oportunidades. La licitación para la venta de estos terrenos fue adjudicada el 25 de febrero de 2016 al Club Boca Juniors, por 180 millones de pesos a pagar en cómodas cuotas.

Esta venta violó la Constitución de la Ciudad cuyo artículo 82.4 establece que la Legislatura aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de  la  Ciudad. Es decir, no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura. La venta al Club Boca Juniors ni siquiera fue tratada en la Legislatura. Los predios de Casa Amarilla de acuerdo a la ley N° 2.240 debieron dar lugar a un nuevo parque público para el barrio de La Boca en lugar de ser vendidos al club en el que Macri inició su carrera política.

Además de estas ilegalidades, organizaciones internas del Club Boca Juniors también cuestionan la voluntad de construir un nuevo estadio porque va en contra de la identidad del club y del barrio y porque el endeudamiento para construirlo crearía las condiciones para que Boca se transforme en una Sociedad Anónima Deportiva de capitales privados, viejo proyecto de Macri.

 

En diferentes entrevistas, Rodríguez Larreta sostuvo que la venta de estos predios fue aprobada por la Legislatura. La justicia lo desmintió. La violación de leyes, los reclamos vecinales y los grandes intereses en juego tuvieron como el mayor punto de violencia el 5 de mayo de 2016. Durante la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna N° 4 un grupo de personas agredieron física y verbalmente a integrantes del Consejo y de organizaciones sociales mientras se discutía la venta de los terrenos de Casa Amarilla. Resultaron heridos de gravedad Matías Scínica, de la agrupación Boca es Pueblo, quién sufrió un corte a la altura de la garganta, y Fernando Abal Medina que a raíz de múltiples golpes tuvo una hemorragia cerebral.

La Boca Resiste y Propone con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad para que se declare la ilegalidad de esta venta. En esta causa se dictaron dos medidas cautelares por distintos jueces (Guillermo Scheibler y Paola Cabezas Cescato). Aún así, Daniel Angelici decidió avanzar durante el verano con el vallado de los predios e instalar seguridad privada. En la última sentencia, actualmente vigente, se ordenó suspender los efectos de la Resolución N° 207/GCABA/CBAS/15 que autorizó la venta de los predios de Casa Amarilla por licitación pública. El tribunal declaró que la venta no tuvo ninguna aprobación por parte de la Legislatura porteña.


El Nuevo Código Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires:

En una nota anterior se trató el nuevo Código Urbanístico, su protección a los negocios e interés por asegurar rentabilidad a los desarrolladores inmobiliarios. En el punto 7.2.12 el proyecto oficial regula sobre el “Área de Renovación Urbana Riachuelo” como un ámbito de la ciudad destinado a la transformación de la situación urbana existente y la recepción de Equivalencia de Capacidad Constructiva Transferible. Se describen tres polígonos: a) Polígono Avenida Sáenz, b) Polígono Avenida 9 de Julio y c) Polígono Avenida Vélez Sarsfield. En estos se podrán construir edificios de hasta 45 metros de altura de plano límite. Igual altura se establece para todo el corredor de la avenida Almirante Brown. El desarrollo inmobiliario avanza sobre un barrio de edificios bajos ejerciendo presión por el sur y por el medio.

Esta presión inmobiliaria, más intensa que en cualquier otra zona de la ciudad, incrementa el costo de vida, el precio de los alquileres, los desalojos y los incendios. El Grupo de Vivienda y Hábitat en “La Boca Resiste y Propone” viene realizando un acompañamiento a todas las familias con procesos de desalojo en curso y sistematizando los desalojos ya producidos. Para el año 2017 más de mil personas habían sido desalojadas y existen más de cien desalojos en curso. Es el barrio con mayor cantidad de desalojos y a la par con mayor cantidad de inmuebles ociosos y casas tapiadas esperando el momento oportuno para hacer negocios, clara muestra de la especulación inmobiliaria. Se suman los incendios frecuentes de los conventillos y la desocupación de viviendas por peligro de derrumbe, una especie de desalojo forzoso encubierto. No existe política habitacional seria para las familias que son expulsadas del barrio ni políticas urbanas para evitar la gentrificación del barrio. Las leyes que así lo obligan nunca fueron cumplidas.

La Boca está siendo colonizada por la clase especulativa, con grandes proyectos inmobiliarios que avanzan sobre el barrio por el norte, el sur, el este y por sus avenidas principales, modificando toda su fisonomía y su identidad social y cultural. Luego de cien años sigue luchando por el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado, y resistiendo heroicamente los intereses inmobiliarios.

el 7 Abr, 16:49

La Jueza Cabezas Cescato, rechazó el amparo presentado por 58 medios vecinales

La Jueza Cabezas Cescato, rechazó el amparo presentado por 58 medios vecinales

Con su fallo avala implícitamente la modificación de la Ley de Medios Vecinales mediante una simple resolución dictada por el Subsecretario de Comunicación Social, Máximo Merchensky. Los amparistas solicitaron la inconstitucionalidad de la medida.

 

Por Ignacio Di Toma Mues
para la Cooperativa EBC

 

En el día de ayer, jueves 5 de abril, se conoció el fallo de la Jueza porteña, Ana Paola Cabezas Cescato, quien rechazó in limine el amparo presentado por 58 medios vecinales contra la resolución que modificó la Ley de Medios Vecinales.

 

Los amparistas solicitaron a la magistrada que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N°813/2018 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social a cargo de Máximo Merchensky en febrero de este año, que cambia los parámetros que fija la ley para el calculo de la pauta publicitaria que recibe cada medio y que generó un recorte del 17% en su valor.

 

Merchensky introduce a los medios vecinales en los vaivenes de la subasta de precios semestral de la que participan las agencias de medios, cambiando la ecuación establecida por la ley y su decreto reglamentario.

 

Este fallo finalmente convalida que una simple resolución pueda modificar una ley, en este caso la Ley 2.587 que crea el Registro de Medios Vecinales de la Ciudad y regula la contraprestación publicitaria con el Gobierno de la Ciudad.

 

Esta medida judicial se contrapone con los artículos 102 y 103 de la Constitución de la Ciudad que establecen que el Poder Ejecutivo reglamenta las leyes sin alterar su espíritu y las ejecuta en igual modo y que no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo.

 

Por otra parte, la fiscalía, en sintonía con la jueza, dictaminó que no se advierte “un obrar manifiestamente arbitrario por parte del Gobierno de la Ciudad, sino la determinación de un método de cálculo que, prima facie, no se contradice de modo palmario con el bloque de normas que rige la materia, en particular la ley N°2.587”.

 

La Dra. Cabezas Cescato para rechazar la vía del amparo sostiene que más allá que se haya establecido otro parámetro para fijar el monto correspondiente a la pauta publicitaria que deben percibir los medios vecinales “lo cierto es que no está siquiera demostrada sumariamente la urgencia que justifique la vía excepcional intentada”.

 

Y en otro párrafo de los considerandos de su fallo asegura que “si va a ser mayor o menor el valor de la pauta publicitaria con la nueva fórmula dependerá necesariamente de conocer y establecer los precios de la publicidad actual y futura en los medios de comunicación masivos. Necesariamente, ello requiere un mayor estudio que el que propone la acción de amparo”.

 

Más adelante señala que “determinar si la nueva fórmula para el cálculo de la pauta publicitaria establecida en la Resolución cuestionada es peor o no que la anterior se reduce a una cuestión netamente de corte tarifario y que no evidencia la urgencia que justifique la vía intentada”.

 

La magistrada porteña fuerza la discusión a una simple cuestión tarifaria, cuando los medios vecinales solicitaron que la modificación vía una resolución de la fórmula de cálculo establecida por la ley, sancionada por la Legislatura por unanimidad el 6 de diciembre de 2007, es ilegal e inconstitucional. Sobre esto no se expide.

 

Pero avanza más: “por último y aunque no menos relevante, la impugnación judicial de actos como el cuestionado en estas actuaciones requeriría cierta y necesariamente el agotamiento de la instancia administrativa”.

 

Y justifica tal conclusión: “al no estar cuestionada la constitucionalidad de la norma en la que aparentemente él se sustenta, la justificación del agotamiento de la instancia administrativa tiene sentido desde el momento en que bajo la crítica que de ese acto se haga en la instancia administrativa, la propia Administración podría ser la que revea su postura y, eventualmente, revoque el acto dictado, restituyendo el derecho que se dijo afectado y evitando la instancia judicial”.

 

La propia Dra. Cabezas Cescato luego afirma que: “distinto hubiese sido el caso si lo que se hubiese cuestionado hubiera sido la constitucionalidad de la ley en la que el acto administrativo se fundamenta; circunstancia que haría realmente ineficaz la instancia administrativa”.

 

Es una sutileza para no reconocer que los medios lo que están cuestionando es la constitucionalidad de la resolución, y que justamente la vía administrativa, como ella concuerda, sería ineficaz.

 

Más aún cuando en los considerandos del texto de esta media el subsecretario Merchensky manifiesta que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió un dictamen que da por válido que la compulsa semestral de precios puede considerarse la base del cálculo para determinar la pauta de los medios vecinales.

 

Poco se podría discutir con el subsecretario si la Procuración General es su respaldo para defender la medida que tomó.

 

Conclusión, la jueza Cabezas Cescato, en base a formalidades, termina indirectamente convalidando que una resolución modifique una ley, algo que la Constitución tácitamente prohíbe.

el 5 Mar, 19:54

Protesta por tierra y por agua: “Somos discriminados”

Protesta por tierra y por agua: “Somos discriminados”
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El domingo 25 de febrero realizamos dos manifestaciones para exigir un derecho fundamental: el ingreso sin restricciones a la Comunidad Indígena Punta Querandí para sus habitantes y para las personas que participen de las actividades educativas, culturales y recreativas. La calle perimetral de acceso -obligatoria por ley- está usurpada por el Barrio Privado San Benito, que también pretende adueñarse del tramo final del Canal Villanueva, un brazo del río Luján, maniobra realizada junto a San Marco y Santa Catalina.

Cobertura fotográfica:
Diana Canoambora, Fernando Poggi y Punta Querandí

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La primera parte de la protesta arrancó después del mediodía, desde la plazoleta frente a la estación de tren de Maschwitz. A las 13 horas llegamos hasta la entrada del barrio privado San Benito, donde encontramos cerrados los portones y la seguridad reforzada con la presencia de numerosos custodios.

“No había nadie de la Comisión Directiva de San Benito que de la cara, pero el mensaje se lo pudimos pasar a los vecinos del barrio privado, que ellos no ven el día a día cuando cruzamos con el bote, no ven cuando hay sudestada, cuando hay correntada después de las lluvias, o cuando baja el arroyo y quedamos trabados”, destacó Soledad ‘Jasuka’ Roa, del Pueblo Guaraní y miembro de la Comunidad Indígena Punta Querandí.

“Continuaremos los reclamos por la calle con denuncias y movilizaciones hasta lograr el libre acceso. Nos sentimos discriminados, a otros vecinos le permiten pasar para llegar a la calle Brasil pero a la comunidad indígena no”, agregó Jasuka.

Lo que algunos residentes de San Benito manifestaron es que muchos están a favor de la apertura de una calle. La oposición viene fundamentalmente de parte de de la comisión directiva, que está influenciada por la empresa EIDICO. Mientras tanto, la falta de un acceso terrestre perjudica a distintos sectores sociales: “Muchas escuelas no pueden venir, a los ancianos les cuesta subir y bajar al bote, gente mayor se ha caído de la escalera, hay un montón de cosas que adentro del country no ven”, explicó Soledad Roa.

Impedidos de pasar hacia el territorio sagrado de los pueblos originarios (a sólo 1500 metros), dimos una vuelta de varios kilómetros para llegar a Punta Querandí, donde compartimos el almuerzo y a las 16 horas bajamos los botes al agua.

Con canoas y kayaks recorrimos el tramo final del Canal Villanueva que pretenden cerrar las urbanizaciones cerradas San Benito, San Marco y Santa Catalina, desarrolladas por la firma EIDICO cuyo presidente Jorge O’Reilly quiere desalojar a la comunidad indígena.

A diferencia del año pasado, no hubo presencia ni amenazas de parte de los efectivos de Prefectura Naval de Dique Luján y la caravana de protesta no tuvo ningún tipo de “tensión”. El único detalle fueron los empleados de seguridad privada acompañándonos durante todo el trayecto, y un dron que nos filmaba desde el cielo.

“Fue muy positivo poder disfrutar del río sin que esté cerrado, sin que esté Prefectura. Hasta ahora se logró que no se privatice el agua”, destacó la integrante del Consejo de Mujeres de Punta Querandí.

Para cerrar la jornada de doble manifestaciones, acompañamos una autoconvocatoria vecinal frente a la Sociedad de Fomento de Villa La Ñata a tres kilómetros de Punta Querandí, que tenía por objetivo expresar el repudio y organizarse para revertir la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de cerrar escuelas del Delta y otros establecimientos educativos.

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el 5 Mar, 19:03

El Código Urbanístico de Angelo y Nicky

El Código Urbanístico de Angelo y Nicky
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Los amigos del Presidente avanzan con los negocios que antes no podían hacer

 

Un portentoso negocio con la tierra pública para beneficiar a empresarios amigos y acumular renta financiera: tal fue y es el lema rector que sigue a rajatablas el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y, desde que Maurizio Macri es presidente de la Nación, se aplica al país entero. A lo largo de diez años de gestión amarilla, en la Capital Federal se han privatizado nada menos que trescientas hectáreas de tierras públicas entre ventas y concesiones. Para comprender la envergadura de este dislate, se trata de una superficie como la de todo el barrio de Coghlan al que se le suman Puerto Madero, la Reserva Ecológica y la Isla Demarchi. Si hay algo que este gobierno de CEOs de camisa sin corbata sabe bien es aprovecharse cuantiosamente del plusvalor del suelo.

Se dice que saben gestionar; de hecho, el intendente Rodríguez Larreta aparece en las encuestas superando en imagen a la gobernadora Vidal. Gestión paradójica si las hay, porque más allá de bicisendas, cuantiosas torres de mala calidad, shoppings de Eduardo Elsztain, el metrobús y la profusión indiscriminada del color amarillo en todas partes, en esta década no se han construido ni escuelas, ni viviendas sociales ni hospitales adecuadas a la necesidad de la población. Para colmo el gobierno se está desprendiendo de predios públicos donde podrían construirse en el futuro. Dicho sea de paso, la del PRO no es una gestión. Más bien es una soberana indigestión que está llevándose puesta a la ciudad tal como alguna vez la conocimos. Es asombroso que dirigentes, políticos y ciudadanos de a pie parezcan no registrar la dimensión de esa pérdida. ¿Por qué es así? Porque la propaganda de la intendencia es tan contundente, tan abarcadora, tan omnipresente y tan sagaz que nos hace tragar el sapo del “estamos trabajando para vos”; dicho con otras palabras, estamos mal pero vamos bien.

La construcción desmedida para la misma cantidad de habitantes que en 1946 (Rodríguez Larreta ha dicho que sueña con una ciudad de seis millones de habitantes, su único plan concreto además de entregar suelo público), la erección de templos del consumo para una población cada vez más pauperizada, el acaparamiento voraz de tierras fiscales o el incremento desproporcionado de la población de las villas fue posible gracias a una Legislatura que casi unánimemente votó exenciones impositivas, leyes fraguadas para cambiar los códigos de urbanización, excepciones a la regla que favorecieron a los grandes empresarios del sector inmobiliario con políticas urbanas destinadas a intensificar la especulación y el negocio con la tierra pública. En connivencia con los funcionarios de gobierno se obtuvieron en esta última década cientos de permisos para construir edificios que violan flagrantemente el actual Código de Planeamiento de la Ciudad. Haciendo interpretaciones tan ingeniosas como ilegales, aplicaron excepciones como el “Completamiento de Tejidos”, “la Compensación Volumétrica” a situaciones que no correspondían para justificar el otorgamiento de mayor capacidad constructiva a cientos de nuevos emprendimientos. Esta práctica se ha sostenido impunemente durante la gestión de Rodríguez Larreta.

En la actualidad y luego de 10 años de gobernar la ciudad, se ha decidido avanzar en generar una estructura jurídica para que esa misma clase empresarial-inmobiliaria tenga allanado el campo para las próximas décadas, con independencia de que el poder amarillo siga con la sartén por el mango. En esto consiste esencialmente la discusión del Nuevo Código Urbanístico que ha planteado el intendente Rodríguez Larreta.

¿Por qué la discusión del Nuevo Código Urbanístico se precipitó apenas asumió Rodríguez Larreta la intendencia?

La Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales metropolitanas con mayor desregulación de su mercado inmobiliario y de alquileres en todo el mundo. Aún así, esto no ha sido suficiente para los grandes desarrolladores y especuladores inmobiliarios. Sin embargo, en los últimos años el paraíso de la construcción suntuosa incontrolada empezó a contemplar cómo alguno de sus mejores frutos empezaron a pudrirse en razón de que la ciudadanía organizada obtuvo de la Justicia sentencias que detectaron la ilegalidad de estas obras, las frenaron y declararon nulos los permisos otorgados: Ejemplo de algunos casos: tres torres de 21, 25 y 30 pisos en el barrio de Caballito de la empresa TGLT; el edificio de 27 pisos en construcción alrededor del Palacio Roccatagliata en el barrio de Coghlan. Se llegó a declarar ilegal un edificio finalizado ubicado en la calle Crámer.

Finalmente algunos jueces probos comprendieron que la planificación urbana es parte esencial del derecho a un ambiente urbano sano y equilibrado y que, por lo tanto, debían aplicarse los principios del derecho ambiental. El principio de “responsabilidad” determina que deben adoptarse medidas de recomposición del ambiente dañado, en el caso de edificios ilegales, obliga a que éstos deban adecuarse (demolerse) hasta cumplir con los parámetros urbanísticos no respetados. De los cientos de permisos ilegales, la justicia sólo intervino en algunos casos. Pero eso bastó para que la generalidad de los empresarios inmobiliarios beneficiados con permisos ilegales empezaran a tener pánico de caer en manos de un juez respetuoso del derecho.

Eso no podía seguir así. Había que encontrar una solución. Así fue que quienes dominan el mercado inmobiliario de la ciudad presionaron a sus socios del gobierno del PRO. Con este fin renació una vieja estrategia política amarilla: hacer como si se trataran grandes temas de política urbana con el solo fin de solucionar temas concretos que le faciliten el camino a negocios puntuales. Se retomó el mandato legal del Plan Urbano Ambiental dormido durante casi 10 años y se generó “el reemplazo del Código de Planeamiento por un Nuevo Código Urbanístico”, eufemismo tendiente a subsanar (legalizar) el gran cúmulo de permisos ilegales otorgados. Para darle un marco de apariencia democrática se creó el “Foro de Desarrollo Urbano”.

¿Quiénes fueron los ciudadanos que, en primera fila, tuvieron el “derecho” de moldear toda la planificación de la ciudad?

Los que en realidad digitan la planificación de la ciudad (el mejor amigo de Macri Nicky Caputo, Eduardo Elsztain a través de su empresa IRSA, la más grande terrateniente urbana de la ciudad, el mismo Rodríguez Larreta y Franco Moccia, su Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte) decidieron institucionalizar su grupo de empresarios consejeros: las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del país y los estudios jurídicos y de consultores relacionados con todos los negocios inmobiliarios. Integrantes de ese Foro fueron precisamente aquellos que habían sido perjudicados por las mencionadas sentencias judiciales:

Entre otros, Federico Weil (fundador y CEO de TGLT), Eduardo Costantini (presidente de Consultatio y de la Fundación Eduardo F. Constantini), Raúl Sáenz Valiente (director de Creaurban [1], Grupo ODS), Pablo Pschepiurca (socio titular del estudio Aisenson, el principal estudio de arquitectura de la ciudad y responsables de los proyectos como el de Villa Roccatagliata y Astor San Telmo), Diego Abramzon (fundador del Estudio Abramzon y Asociados), Santiago Tarasido (director y gerente general de CRIBA, unas de las principales empresas constructoras del país).

Luego de un par de reuniones del Foro, el proyecto del Nuevo Código Urbanístico fue remitido al Consejo de Plan Urbano Ambiental (CoPUA [2]), organismo público que debe aprobarlo antes de su remisión a la Legislatura. Sus integrantes decidieron en mayoría aprobar el texto del Código Urbanístico remitido por el Subsecretario de Planeamiento solamente luego de un solo día de tratamiento de un texto normativo de 900 páginas por el CoPUA [3].

Un escándalo, considerando que será una de las leyes más importantes de la ciudad que no solo modificará el valor del suelo, sino que también afectará directa e indirectamente la trama social y su ambiente urbano. Sólo dos consejeros aprobaron con dignidad un dictamen en minoría solicitando mayor tiempo de análisis y debate: Estela Di Legge y Ariel Pradelli.

Con todo cocinado, el gobierno tenía pensado remitir el Código Urbanístico a fines del año 2016 para que la Legislatura lo aprobase en sus sesiones maratónicas de fin de año. Pero nuevamente intervino la justicia. El Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrantes de la Campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo solicitando la democratización de la discusión del nuevo Código Urbanístico. En la causa judicial caratulada “Baldiviezo, Jonatan Emanuel Y OTROS C/ GCBA S/ Amparo”, los jueces intervinientes reconocieron los hechos denunciados y, en consecuencia, ordenaron nuevas instancias de participación ciudadana más amplias y mejor informadas. En la sentencia cautelar de primera instancia, la jueza Elena Liberatori expresó que “surgen elementos contundentes que permiten afirmar que tanto la convocatoria ministerial como la efectiva integración del Foro se hallan sesgadas por hacer lugar a una participación preferencial, básicamente la de los sectores del negocio inmobiliario”.

A partir de las órdenes judiciales, el GCBA empezó a desarrollar reuniones en las Comunas. Estas reuniones fueron acusadas por sus participantes de meramente formales y con criterios de participación muy deficitarios. También en cumplimiento de las órdenes judiciales, el GCBA convocó a la ciudadanía para el día lunes 5 de Junio de 2017 a participar del Seminario del Foro Participativo Permanente para la discusión de los borradores de los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación. La convocatoria no fue publicada ni en el Boletín Oficial de la Ciudad y se concretó a las 9:30 en pleno horario laboral. Nunca realizaron un informe técnico dando respuestas a las cientos de propuestas de la ciudadanía.

Las razones del manejo secreto del texto del Nuevo Código Urbanístico previo a las sentencias judiciales y de la celeridad dada a su trámite administrativo se deben a que su contenido está más preocupado por los problemas jurídicos de las desarrolladores inmobiliarias, por alimentar la especulación inmobiliaria y por cuestiones de forma (criterios morfológicos), que por atender las verdaderas y prioritarias necesidades de los porteños y las graves crisis ambientales, sociales, culturales y económicas que vive la ciudad.

El proyecto no contiene normas ni herramientas urbanísticas que consideren los principales problemas de la ciudad: el aumento de familias inquilinas (inquilinización de la ciudad y su fragmentación en una clase de propietarios y otra de inquilinos), la pérdida de espacios verdes, la crisis habitacional, las inundaciones, los procesos de gentrificación de los habitantes y comercios de los barrios, el colapso de los servicios públicos, la sobreconstrucción y la pérdida de las identidades barriales, la falta de democracia en la discusión de la planificación urbana, la mercantilización y privatización de lo público, la disminución grave del banco de suelos con el plan sistemático de venta de tierras públicas, el deterioro ambiental del aire y de las aguas, la destrucción del arbolado público, la especulación inmobiliaria, la crisis habitacional, la distribución desigual de la riqueza producida por la ciudad y la apropiación por unos pocos de la plusvalía urbana.

Otro de los puntos pedidos por los desarrolladores inmobiliarios es el aumento generalizado de la capacidad constructiva de los terrenos y la liberación de la construcción en altura en algunas zonas. El GCBA respondió eliminando el FOT (Factor de Ocupación del Terreno, es decir, la cantidad de m2 que se pueden construir en cada inmueble) del Nuevo Código, sólo dejando como limitante la altura máxima y estableciendo “Áreas de Desarrollo”. En esas áreas se autoriza la construcción de torres al estilo Puerto Madero sobre la ribera del río Matanza-Riachuelo, en zonas aledañas a la General Paz y a Puerto Madero en los barrios de San Telmo y en La Boca.

Durante el año 2017, mientras se realizaban reuniones participativas puramente formales, el gobierno de Rodríguez Larreta no pudo frenar la ansiedad de garantizar los negocios inmobiliarios pensados en el nuevo Código y decidió avanzar con la sanción de leyes específicas con el acompañamiento de la LegIRSAtura de la ciudad, ámbito institucional consolidado como la escribanía de la especulación inmobiliaria. Así aprobaron distintas leyes que autorizaron la venta de predios públicos y la autorización para construir en ellos grandes emprendimientos inmobiliarios: la Ley N° 5.796 en los terrenos ferroviarios conocidos como Empalme Norte (Catalinas Norte 2); la Ley N° 5.875 en los terrenos ferroviarios de Colegiales; la Ley N° 5.912 en los terrenos conocidos como Catalinas Sur 2; la Ley N° 5.911 en distintos predios de la ciudad. El contenido de estas leyes estuvo plasmado en el proyecto del Código Urbanístico, así que constituyen otra estrategia de fragmentación de la discusión para no develar el arquetipo de la legalidad inmobiliaria especulativa.

Además siguieron otorgando permisos de obras ilegales, ahora sustentándose en el mandato del Plan Urbano Ambiental (PUA) que ordena que el nuevo Código Urbanístico ya no tome como unidad básica de la ciudad la parcela sino la manzana para obligar a que se considere el contexto y los alrededores de los inmuebles, algo que cualquier ciudadano de la ciudad sabe que no sucede. El Nuevo Código Urbanístico aún no ha sido aprobado legalmente, pero el GCBA avanza autorizando obras con el fundamento de que el Plan Urbano Ambiental los autoriza y haciendo que el fantasma del Código Urbanístico tome existencia cierta.

Ahora bien, ¿qué criterio está aplicando el GCBA? Ha optado, sin inocencia, por entender que el criterio por manzana implica que se puedan construir edificios que superen los límites de altura del actual Código de Planeamiento Urbano siempre y cuando en la manzana en la que se encuentra el inmueble o en las aledañas existan edificios que superan dichas alturas porque fueron construidos con ordenanzas o leyes ya derogadas. En palabras simples: te autorizo a construir edificios en gran altura sólo por el simple hecho de que en la zona existen edificios de gran altura. De esta forma, la nueva discusión del Código Urbanístico está habilitando en la práctica, por parte del gobierno de Rodríguez Larreta, el empleo de una discrecionalidad jamás vista en la aplicación de la normativa urbanística. Estamos frente a un estado de excepción permanente de la normativa de planificación urbana. Ya no existe el Código de Planeamiento sino la acumulación de interpretaciones arbitrarias de funcionarios, siempre pro-mercado inmobiliario.

El GCBA anunció que enviará el proyecto de ley del Código Urbanístico a la Legislatura este marzo de 2018, al inicio del año parlamentario. Los grandes desarrolladores inmobiliarios y amigos del poder se están preparando para evitar “conflictos de intereses” pero seguir con los negocios en las sombras. TGLT compró la empresa constructora de Caputo, Los Mindlin compraron las empresas constructoras Creaurban y IECSA del primo de presidente Macri, Angelo Calcaterra [4]. El mejor amigo del presidente Macri y su primo se quedaron sin sus empresas de construcción. Cabe la elevada posibilidad de que ahora, sin figurar en los papeles, avancen con pie firme con los negocios que antes no podrían hacer sin afectar la imagen presidencial y con una herramienta jurídica poderosa a su favor en las manos, el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.

 

[1] El año pasado, Marcelo y Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres compraron la constructora Creaurban y la empresa IECSA a Angelo Calcaterra, del primo de Macri.

[2] Miembros Integrantes CoPUA año 2016:

Bellardi, Marta Emma (Lic. Mg. Sociales), Di Legge, Estela (Arq.), Dujovne, Maria (Arq.), Falher, Guillermo (Arq.), Giglio, Mónica (Dra. Arq.), Gonzalez, Martín Ezequiel (Lic.), Machado Montemurro, Selva (Dra. C.P.), Mosto, Gustavo (Mg. Ec. Urbano), Pradelli, Ariel (Arq.), Rebagliati, Gastón (Arq.), Sosa, Daniel Edgardo (Arq.),Tella, Guillermo (Arq.), Urreli, Adrián Gonzalo (Sr.) y Verdaguer, Fernando (Arq.).

[3] El día viernes 25/11/2016 bajo expediente EE 25973033-SSPLANE-2016 ingresó el proyecto del Código Urbanístico para su tratamiento por el CoPUA. El tratamiento por parte de este Cuerpo se inició el día 29 de noviembre de 2016, primer día hábil de reunión del Consejo posterior al ingreso. Ante la presión ejercida por la mayoría de los miembros de este Consejo se emitió dictamen el día 30 de noviembre de 2016.

[4] https://www.lanacion.com.ar/2106501-los-compradores-de-caputo-y-calcaterra-apuestan-a-la-obra-publica

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el 28 Feb, 08:41

Plaza de Mayo: hay que restaurarla, no remodelarla

Plaza de Mayo: hay que restaurarla, no remodelarla
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Fuente: (clic)
https://www.clarin.com/arq/urbano/plaza-mayo-restaurarla-remodelarla_0_Sk0j277_G.html

Opinión

Plaza de Mayo: hay que restaurarla, no remodelarla

 

Sonia Berjman
(clic)
https://www.clarin.com/autor/sonia_berjman.html

Es el lugar más sagrado de la civilidad argentina y pertenece a todos los habitantes del país. Cualquier cambio que se pretenda realizar debe evaluarse junto a las áreas disciplinares involucradas.

Plaza de Mayo: hay que restaurarla, no remodelarla

En obra. La Plaza de Mayo, durante los trabajos encarados por el Gobierno de la Ciudad.

El 9 de junio de 1942, a poco tiempo de fundarse la Comisión Nacional de Monumentos, ésta declaró a la Plaza de Mayo como Lugar Histórico Nacional. Aquellos próceres de la preservación del patrimonio actuaban creyendo que las leyes serían respetadas en los tiempos por venir y en la seguridad de que la Historia debe estar presente más allá del tiempo de una generación. Se trataba y se trata de que se preserven los hechos que nos conformaron como sociedad.

Desde hace unos meses estamos viendo, azorados, como se la está poniendo en dis-valor con un des-arreglo ilegal, sin consultar a los diferentes actores sociales del país que tenemos el derecho, la obligación y el conocimiento para opinar. Es la política del hecho consumado.

Ya en 2006 logramos salvarla de un irracional proyecto de la Intendencia de Jorge Telerman para convertirla en una plaza municipalista española de la Edad Media de apariencia posmo.

Los cambios que hoy se están introduciendo a nuestra ex Plaza Mayor, el “escenario de la vida argentina” -cómo titulamos un libro que con su historia publicamos hace añares- deben hacerse con la anuencia de la mencionada Comisión. Ésta alega que el tema se trató en cuatro (¡!) reuniones y que los ciudadanos que quieran enterarse de lo tratado deben ir a su sede a leer las actas de esas reuniones. Al menos, suena bastante arrogante y demasiado a poco. Correspondía realizar un informe técnico completo, incluyendo las distintas áreas disciplinares involucradas, y darlo a conocer para que se evalúe a nivel país.

Asimismo, como es un bien de la Ciudad de Buenos Aires, su Gobierno debe cumplir con lo legalmente establecido en esta jurisdicción como Área de Protección Histórica (APH N° 1) que establece que “En el espacio propio de la plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. (…) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales de las veredas. Las aceras de piedra original deberán conservarse reponiendo las faltantes con materiales similares (…) Las restantes serán de mosaico calcáreo tipo vainilla color blanco. (…) Forestación: La conservación, reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a razones paisajísticas sino también históricas y tradicionales (…)” O sea, que estamos ante la presencia de mal desempeño de la función pública de dos jurisdicciones: nacional y municipal.

¿Para qué promulgamos leyes si después no se cumplen, empezando por los funcionarios que las deben hacer cumplir? Hace un tiempito, Sócrates demostró la importancia de acatar las leyes al beber su vaso de cicuta. No estoy pidiendo que nuestros funcionarios lo imiten; sólo que no las violen.

La Plaza de Mayo, como jardín histórico que es, tiene el carácter de obra de arte, significada por cada uno de nosotros y por los acontecimientos históricos que allí se conjugan. Su cuidado debe regirse por la Carta de Florencia (ICOMOS UNESCO).

La imagen que vive en el inconsciente colectivo argentino desde hace varias generaciones es la de la Plaza de Mayo nominadaLugar Histórico Nacional hace la friolera de casi 80 años, y que se correspondía con la de la remodelación de Carlos Thayscuando la apertura de la Avenida de Mayo en 1894. No es posible remodelarla, sino que hay que restaurarla.

La Plaza de Mayo no es de nadie en particular y es de todos los argentinos colectivamente. Es del escolar de Jujuy y del habitante de Ushuaia, y del vecino de Buenos Aires que, además, solventa su mantenimiento. Es el lugar más sagrado de la civilidad argentina. ¿Por qué hay que cambiar su fisonomía, su diseño y su vegetación? ¿Quién se cree mejor paisajista que Carlos Thays? Quienes así atentan contra el patrimonio, ¿conocen las leyes vigentes? ¿Han leído los libros con su historia secular? ¿O se creen tan soberbios que pueden alterar lo que es de todos los argentinos porque se les “da la gana”? ¿O hay otras cosas por detrás que no conocemos?

Esperemos que el arrepentimiento envuelva a los responsables de este atropello, devolviéndole la vida al patrimonio atacado, abonando los culpables con el dinero de sus propios bolsillos la tan necesaria vuelta atrás.

La Ley 4830/2013 de la Ciudad de Buenos Aires establece las penalidades por destrucción del patrimonio cultural de la Ciudad. Estuvo pensada para castigar a los vecinos, turistas, profesionales y empresas que arruinan lo que se debe preservar. Pero, y si los que lo destruyen son los funcionarios gubernamentales, ¿deberían tener esas mismas penas o, dado que son responsables de cuidar lo que es de todos por nuestra delegación ciudadana de poder (y encima les pagamos sueldos), otras más agravadas?

Los organismos creados ad hoc (Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos; Dirección de Interpretación Urbanística; Dirección de Patrimonio), deben respetar y hacer respetar, cuidar, proteger, restaurar, los bienes patrimoniales bajo su tutela y no -como estamos viendo- destruirlos y avasallarlos.

Y, además, que los funcionarios trabajen como deben. Hace un año y medio que solicité a la Comisión Nacional de Monumentos la declaración del conjunto de los parques diseñados por Carlos Thays, con la adecuada fundamentación. Dicen que están trabajando… Hubo infinitas reuniones (muchas más que cuatro…) pero ningún resultado concreto.

pero al mismo tiempo están ocurriendo otros desastres, como el descuartizamiento-mudanza-cirugía estética de apuro delmonumento a Colón; la ruina del Palais de Glace; el “cósmico” entorno del Planetario; la pérdida de los diseños originales de las plazas; el patrimonio arbóreo diezmado de manera sistemática… Cuando se comete una acción equivocada no se la puede justificar mediante otros ejemplos de plazas “intervenidas” del exterior. Esto es gravísimo, es una cuestión ética y moral, pues entonces podríamos justificar un asesinato porque otros asesinan… Ay querido Kant, ¿quién te lee hoy en día? «Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal.».

Una sociedad que destruye su basamento material cae en el vacío: los edificios o parques o centros históricos son los documentos del pasado que fueron dando forma a nuestra identidad como Nación. Otros bienes intangibles nos proveyeron de principios morales que no debemos olvidar, sino honrar y enaltecer con nuestro accionar cotidiano.

Sonia Berjman es historiadora urbana.

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