Solicitada en apoyo al amparo colectivo para frenar el nuevo Código de Edificación

Solicitada publicada en Página 12.

El día martes 8 de octubre, Fundación Rumbos publicó una solicitada en el Diario Página 12 en apoyo al amparo iniciado por Eduardo Joly para frenar el nuevo Código de Edificación,  violatorio de los derechos de las personas con discapacidad.

Bajo el título LA LEGISLATURA PORTEÑA DISCAPACITA. RODRÍGUEZ LARRETA DISCAPACITA. APOYO AL FRENTE ACTOR EN LOS AUTOS “JOLY, EDUARDO DANIEL CONTRA LEGISLATURA DE LA CABA SOBRE AMPARO – OTROS” Expediente Nº 5575/2019-0, esta solicitada contó con unas 200 adhesiones. Se destacan organizaciones representativas de personas con discapacidad como REDI (Red por los Derechos de las personas con discapacidad), APEBI, Asociación Distrofia Muscular, Asociación Polio Postpolio Argentina, INCLUIME Asociación Civil, FEPI (Fundación para el estudio de los problemas de la infancia); personalidades del ámbito científico, cultural, político, y de Derechos Humanos como Alberto Kornblihtt,  Dora Barrancos, María Isolina Dabove, Carolina Mera, Néstor Zadoff, Claudio Morgado, Mario Pecheny, Víctor Penchaszadeh, Antonio Brailovsky, Nora Cortiñas, Mario Rovere, Horacio Verbitsky, Alfredo Grande,  Claudia Borensztejn, Juan Carlos Volnovich, Inés Estevez, Gustavo Garzón, y Luisa Valenzuela, entre otros. También,  legisladores y políticos como Carlos Tomada, Gabriel Solano, Mariano Recalde Javier Andrade, y Laura Marrone; arquitectos y urbanistas de renombre como Rodolfo Livingston, Alfredo Garay, Magdalena Eggers, Silvia Coriat, Eduardo Schmunis; y representantes de organizaciones gremiales, sociales, vecinales, religiosas y de colectividades, tales como  Pablo Molero, Ana Dorfman, CTA, ATE, y Movimiento Comunero.

Dicha nota señala la soledad con la que gobierna Rodríguez Larreta en materia de discapacidad, ya que sus legisladores fueron los únicos que votaron su Código y nadie se presentó -ya sea como parte actora o Amigo del Tribunal-  para defenderlo. Asimismo, lo contrapone con el acompañamiento que está teniendo Eduardo Joly en esta acción, a la que se sumaron 15 organizaciones de personas con discapacidad, de Derechos Humanos y vinculadas a la temática, así como 37 personalidades destacadas, personas afectadas por el Código y especialistas en discapacidad y adultos mayores.

La solicitada exige que la justicia adopte una perspectiva desde la discapacidad en las resoluciones que afectan a las personas con discapacidad; y de este modo, frene la aplicación de la ley 6.100 y ordene que la Legislatura: respete el piso de accesibilidad garantizado por la ley 962 (CABA) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; dé participación a las organizaciones representativas de personas con discapacidad, y respete el debido proceso en las audiencias públicas, fundamentando sus decisiones ante los planteos realizados por los ciudadanos.

Por último, rechaza la solicitud de la Legislatura de recortar arbitrariamente las peticiones para elevarlas al Tribunal Superior de Justicia, donde seguirían un trámite en el que no se admiten medidas cautelares, imprescindibles para suspender la autorización de construcciones inaccesibles. Sostiene que el reclamo debe tramitar como un amparo ante su jueza natural.

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